Inteligencia criminal, mayor control en las zonas de frontera, investigación financiera de las organizaciones delictivas y una planificación más articulada entre las provincias y la Nación en la lucha contra el narcotráfico. Esas son algunas de las estrategias que proponen los especialistas y entrevistados por LA GACETA para frenar el avance narco en el NOA.

“La Nación debe reforzar el control de la frontera en sentido estricto: radarización efectiva, control de pasos formales e informales, investigación financiera y coordinación entre fuerzas”, opinó el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse.

Federico Pelli, diputado nacional por La Libertad Avanza, coincidió con el parlamentario. “Creo que se debería aumentar la operatividad de las fuerzas federales y fortalecer los operativos Güemes y Roca. Si funcionaran al 100% de su capacidad, se estaría atacando el eje del problema en el NOA, ya que se pondría el foco en la zona más permeable”, indicó.

“Es necesario implementar políticas que permitan blindar las fronteras terrestres, los espacios aéreos y marítimos. Claramente, el cerco perimetral que se instaló recientemente en la frontera de Salta con Bolivia no solucionó el problema de fondo y los narcotraficantes continúan ingresando al territorio argentino con escasas barreras”, sostuvo el legislador radical José Cano.

Tanto Vargas Aignasse como Cano hicieron hincapié en la importancia de profundizar la investigación criminal contra las organizaciones narco. “Es fundamental el análisis integral de estos grupos para llegar al fondo del problema. Se debe priorizar el estudio de las organizaciones, su logística, sus comunicaciones y sus vínculos, tanto locales como internacionales”, señaló el dirigente opositor.

“El desafío es complementar el esquema actual con este enfoque para avanzar sobre las grandes estructuras”, añadió el oficialista.

Cano consideró clave el análisis de los patrimonios de los integrantes de estas bandas, con el objetivo de detectar los mecanismos de lavado de activos y las conexiones políticas que terminan beneficiándolos. “En otras palabras, hay que identificar la trazabilidad de sus bienes y a sus verdaderos beneficiarios. Es necesario controlar la proliferación de prestamistas, el juego clandestino, el blanqueo de capitales mediante la compra de viviendas ostentosas, la construcción de edificios de lujo y el crecimiento de barrios cerrados. Si se logra seguir la ruta del dinero, se puede asestar un golpe certero al corazón de estas organizaciones”, destacó.

Lucha compartida

Los tres entrevistados coincidieron en que las provincias del NOA deben trabajar de manera coordinada con la Nación para frenar el avance del narcotráfico. “Cada jurisdicción tiene que sostener el control territorial y replicar los modelos que funcionan. El Operativo Lapacho demuestra que la presencia permanente en rutas, la logística operativa y la coordinación institucional generan resultados concretos”, sostuvo Vargas Aignasse.

“Las provincias, especialmente Salta y Jujuy, que limitan con Bolivia, no sólo deberían contar con una estrategia de intercambio de información mucho más fluida con la Nación, sino también con las autoridades del país vecino, a fin de avanzar en acuerdos que permitan una mejor cooperación y mayor eficacia operativa”, remarcó Pelli. “En el resto de las jurisdicciones debe garantizarse la correcta aplicación de las leyes de narcomenudeo”, añadió el parlamentario.

“Si la droga se expande a otras provincias, como estamos viendo, es porque los gobiernos locales van detrás del delito. Es indispensable el trabajo conjunto entre las provincias, con controles como la radarización y el uso de tecnologías de vigilancia. Tucumán, por ejemplo, implementa el Operativo Lapacho, que territorialmente ha demostrado ser efectivo”, sostuvo Cano.

Para el legislador radical, también es necesario controlar otras vías de ingreso, como el envío de encomiendas, los servicios de delivery, los vuelos irregulares en el espacio aéreo y realizar un relevamiento georreferenciado del territorio para detectar posibles pistas clandestinas. “En definitiva, se trata de blindar la región, algo que sólo puede lograrse con una acción coordinada entre las provincias del NOA y el Estado nacional”, concluyó.